Santo Domingo. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva a tres de los implicados en el caso de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida de coerción, que deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal, afecta al exdirector del Intrant, Hugo Beras; al propietario de Aurix S.A.S y Transcore Latam, José Ángel Gómez Canaán (Jochi); y al exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, Pedro Vinicio Padovani Báez.
Por su parte, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, enfrentará arresto domiciliario y presentación periódica. Otros imputados, como Frank Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, recibieron medidas cautelares que incluyen garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
La revisión de estas medidas está programada para el 9 de enero de 2025. La investigación, conocida como operación Camaleón, abarca más de 300 páginas y se centra en una supuesta red de corrupción vinculada a una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a Transcore Latam.
Los arrestos se realizaron durante allanamientos en varias localidades, incluyendo el Distrito Nacional y Punta Cana. Las acusaciones incluyen terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Además, se ha señalado a Aurix de realizar contratos ilegales con el Ministerio de Defensa, usurpando funciones de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, también ha sido interrogado en relación con este caso.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó la decisión de la jueza como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” y destacó la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado, así como la evidencia de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia.