18 Meses de Prisión Preventiva para Imputados en Caso de Corrupción
FUENTE EXTERNA.

18 Meses de Prisión Preventiva para Imputados en Caso de Corrupción

Santo Domingo. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva a tres de los implicados en el caso de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).

La medida de coerción, que deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal, afecta al exdirector del Intrant, Hugo Beras; al propietario de Aurix S.A.S y Transcore Latam, José Ángel Gómez Canaán (Jochi); y al exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, Pedro Vinicio Padovani Báez.

Por su parte, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, enfrentará arresto domiciliario y presentación periódica. Otros imputados, como Frank Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, recibieron medidas cautelares que incluyen garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

La revisión de estas medidas está programada para el 9 de enero de 2025. La investigación, conocida como operación Camaleón, abarca más de 300 páginas y se centra en una supuesta red de corrupción vinculada a una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a Transcore Latam.

Los arrestos se realizaron durante allanamientos en varias localidades, incluyendo el Distrito Nacional y Punta Cana. Las acusaciones incluyen terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

Además, se ha señalado a Aurix de realizar contratos ilegales con el Ministerio de Defensa, usurpando funciones de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, también ha sido interrogado en relación con este caso.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó la decisión de la jueza como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” y destacó la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado, así como la evidencia de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia.

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