El Ministerio Público continúa con la investigación para desmantelar completamente esta estructura delictiva y llevar ante la justicia a todos los implicados en estos graves delitos que afectan la seguridad y la integridad del Estado dominicano.
SANTO DOMINGO.- Después de una extensa investigación y una operación coordinada entre el Ministerio Público, la Junta Central Electoral, la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y el Departamento de Inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional, se han impuesto medidas de coerción contra varios miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos en la zona sur del país.
El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona, presidido por la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, dictaminó tres meses de prisión preventiva para Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez y los ciudadanos haitianos Pablo Selmo de la Cruz y/o Félix Pie y Yonel Raphael. Además, impuso garantía económica y presentación periódica para los imputados Modesto Ogando Alcántara y Nicauri Liselot Bone.
El Ministerio Público, representado por el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos, y la fiscal Esther María González adscrita a la Junta Central Electoral, logró que el tribunal reconociera la complejidad del proceso, solicitando la medida de prisión preventiva para los acusados, quienes enfrentan cargos por violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano y de diversas leyes relacionadas con la documentación pública y la protección de datos personales.
La investigación reveló que esta red operaba en la zona sur de la República Dominicana, con sede en la ciudad de Barahona, y se dedicaba a cometer delitos de falsificación de documentación pública con alcance trasnacional, afiliando sus acciones con el lavado de activos. La red era liderada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, quienes contaban con la colaboración de otros miembros para la falsificación de documentos.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación, se incautaron máquinas de confección de cédulas, cientos de plásticos de cédulas falsas o alteradas, carnets del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, hojas timbradas de la JCE, entre otros materiales utilizados para la falsificación.
El Ministerio Público continúa con la investigación para desmantelar completamente esta estructura delictiva y llevar ante la justicia a todos los implicados en estos graves delitos que afectan la seguridad y la integridad del Estado dominicano.