Santo Domingo, República Dominicana – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, explicó ayer el proceso que está llevando a cabo la institución para eliminar miles de uniformes escolares y mochilas que se encuentran almacenados en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (Disdo) desde hace más de una década. Esta situación ha generado preocupaciones sobre el estado de los materiales y su impacto en el sistema educativo.
Según un informe del Inabie, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) recibió estos insumos en mal estado en 2012. A pesar de que el encargado del almacén se negó a aceptarlos tras confirmar su deterioro, una orden superior lo obligó a recibir la mercancía, que había sido importada desde China. El valor total de estos artículos, que incluyen zapatos, pantalones, medias, poloshirts y mochilas, asciende a 100 millones de pesos.
Castro aclaró que en el Inabie no hay registros de mercancía dañada en los almacenes. “No tengo registros de que en ningún almacén del Inabie se hayan dañado insumos. Lo que ocurrió fue que se entregaron insumos dañados”, indicó. El funcionario enfatizó que existe un informe del encargado del almacén de la época que documenta la negativa a recibir los insumos, pero que fue forzado a aceptarlos por una orden superior.
Actualmente, el Inabie no está incurriendo en costos por el almacenamiento de estos materiales, y Castro afirmó que están agotando el debido proceso para su eliminación. “Cada vez que se toca un zapato, se le van los pedazos”, subrayó, evidenciando la urgencia de la situación.
Para proceder con la eliminación, Castro anunció que están trabajando con Bienes Nacionales para obtener los permisos necesarios. Están considerando contratar una empresa especializada para llevar a cabo la quema de los insumos, un proceso que requiere autorización por motivos de control ambiental.
Además, el funcionario recordó que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas establece que todos los contratos deben incluir cláusulas relacionadas con antecedentes, objeto, plazo, precio y otras condiciones relevantes. Esto asegura que el proceso de eliminación se maneje de manera transparente y conforme a la normativa vigente.
Con estos esfuerzos, el Inabie busca resolver una situación que ha persistido por años y garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados de manera eficiente y efectiva.