Santo Domingo. – En el marco de la propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader, juristas de renombre han exhortado a la Asamblea Revisora de la República Dominicana, compuesta por la Cámara de Diputados y el Senado, a aprovechar esta oportunidad para corregir los errores léxicos y gramaticales presentes en la Carta Magna.
La Fundación Fundéu Guzmán Ariza y la Academia Dominicana de la Lengua han señalado que un 88% de los artículos de la Constitución contiene errores gramaticales, según un análisis detallado realizado por el escritor Fabio J. Guzmán Ariza. Este dato ha despertado la preocupación de varios abogados expertos en derecho constitucional, quienes consideran que la redacción actual de la Constitución es “incomprensible” debido a sus fallos sintácticos.
Julio Cury, reconocido abogado constitucionalista, subrayó que la reforma constitucional realizada en 2010 introdujo numerosos errores de sintaxis y un uso excesivo del lenguaje inclusivo, lo que dificulta la lectura y comprensión del texto. “Es esencial que la Asamblea Nacional impulse una corrección general de la redacción de la ley sustantiva”, afirmó Cury, instando a los legisladores a actuar una vez que la propuesta del presidente Abinader sea presentada en el Congreso.
Por su parte, Cristóbal Rodríguez, también abogado constitucionalista, destacó la importancia de dedicar el tiempo necesario a la revisión y corrección de los “múltiples errores ortográficos” que contiene la Constitución. Rodríguez anticipó que el proceso de análisis en el Congreso será extenso y exigente, pero confía en que los aspectos gramaticales serán considerados y corregidos.
La propuesta de reforma constitucional, que incluye la limitación de los periodos gubernamentales a dos, la elección de un procurador general a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la reducción de la cantidad de diputados de 190 a 137, será debatida en el Congreso a partir del 16 de agosto. Los juristas esperan que, durante este proceso, se tomen en cuenta las correcciones necesarias para mejorar la claridad y precisión de la ley fundamental del país.
