Luis Henríquez: JCE, Fiscal Electoral y Gobierno son responsables de la legitimidad de los resultados electorales
Luis Henríquez: JCE, Fiscal Electoral y Gobierno son responsables de la legitimidad de los resultados electorales. FUENTE EXTERNA.

Luis Henríquez: JCE, Fiscal Electoral y Gobierno son responsables de la legitimidad de los resultados electorales

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Henríquez destacó su preocupación por la aparente inacción de instituciones clave como la Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales frente a las múltiples denuncias presentadas.

Santo Domingo. – El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, expresó su profunda preocupación ante la falta de acciones por parte de las autoridades frente a las reiteradas denuncias sobre el uso de recursos estatales en apoyo al candidato presidencial Luis Abinader. Henríquez lamentó el retroceso institucional en la República Dominicana, a pesar de contar con una legislación electoral.

Henríquez destacó su preocupación por la aparente inacción de instituciones clave como la Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales frente a las múltiples denuncias presentadas.

“Lo que nos preocupa es que el lunes amanezcamos con resultados ilegítimos y que la actual paz política se vea amenazada”, advirtió el legislador de Santo Domingo Este.

El vocero del PLD recordó al presidente de la República, a los miembros de la Junta Central Electoral y al Procurador Fiscal de los Delitos Electorales que tienen la responsabilidad de garantizar la democracia, el estado de derecho y los derechos electorales, así como preservar la integridad de los partidos políticos y el proceso electoral.

Henríquez enfatizó que hasta la fecha se vislumbra una segunda vuelta electoral, un panorama que, según él, el oficialismo pretende ignorar, recurriendo al uso de recursos estatales para influir en dirigentes, alcaldes y diputados.

Este comunicado destaca la preocupación del PLD por el presunto uso indebido de recursos estatales con fines electorales y hace un llamado a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia y salvaguarden la integridad del proceso electoral.

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