Las acusaciones de Guarderas deben ser procesadas en el Tribunal Contencioso Electoral, que convocará a las partes involucradas y emitirá un fallo posteriormente.
Cuenca, Ecuador – El jueves, la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad fue objeto de acusaciones por presunta infracción electoral durante su campaña como candidata a la alcaldía de su ciudad natal, Cuenca, en el sur del país. Las acusaciones podrían acarrear consecuencias que van desde multas económicas hasta la destitución de su cargo.
Juan Esteban Guarderas, miembro del estatal Consejo de Participación Ciudadana, afirmó en una conferencia de prensa su intención de establecer un precedente de cara a futuras elecciones. Destacó la importancia de respetar los plazos electorales y presentó evidencia que sugiere una presunta campaña anticipada por parte de Abad en las redes sociales a finales de 2022, antes de que la ley permitiera la promoción electoral.
Guarderas también mencionó la posibilidad de enjuiciar electoralmente al presidente Daniel Noboa por presunta campaña anticipada. En respuesta, Abad calificó las acusaciones como ridículas y reafirmó su transparencia en el proceso electoral.
Además, Abad reveló que Estados Unidos le retiró la visa, sin especificar las razones. Este acontecimiento siguió a la acusación de tráfico de influencias contra su hijo, Francisco Barreiro, quien recientemente salió de prisión tras pagar una fianza.
Las acusaciones de Guarderas deben ser procesadas en el Tribunal Contencioso Electoral, que convocará a las partes involucradas y emitirá un fallo posteriormente. Abad no es la única figura política implicada en este asunto; también fueron denunciados Guillermo Churuchumbi, coordinador del partido político de los indígenas, Pachakutik, y un candidato a gobernador de Tungurahua.
Este incidente ocurre en medio de un distanciamiento entre Abad y el presidente Noboa, cuyas razones aún no han sido explicadas. Abad ha acusado a Noboa de hostigamiento político y de buscar su destitución.
Fausto Camacho, experto en temas electorales, señaló que las sanciones por campaña anticipada pueden variar según la evidencia presentada, desde llamados de atención hasta la destitución o pérdida de derechos políticos.
