LA ONU SOLICITA LIBERTAD INMEDIATA DE JEAN ALAIN RODRÍGUEZ POR DETENCIO ARBITRARIA

En documento enviado al Gobierno dominicano el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
establece que la privación de libertad del ex procurador es arbitraria y violatoria a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Santo Domingo, RD.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó formalmente al Gobierno
dominicano la inmediata puesta en libertad del ex procurador Jean Alain Rodríguez, al comprobar
que su arresto y privación de libertad es arbitraria, injustificada y violatoria de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ambos de obligatorio cumplimiento suscritos por el país y ratificados por el Congreso dominicano.
En este documento se evidencia la transgresión marcando un negativo precedente internacional
contra el país, al haberse comprobado y confirmado a través de la Opinión No. 46/2023 1 del Grupo
sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de dicho órgano con sede en
Ginebra, Suiza, la violación a los citados sagrados acuerdos y pactos internacionales.

Esta decisión se produce luego de agotar un proceso contradictorio de casi dos años en el cual
participó la Procuraduría General de la República en representación del país, depositando con un
retraso de 3 meses, sus extensos argumentos y acusación de más de 12,000 páginas para justificar
la prisión y sus demás actos, hoy confirmados como ilegales.
La ONU, considerada el organismo rector más importante y grande del planeta, determinó que el
Gobierno dominicano realizó una detención arbitraria e ilegal a Jean Alain Rodríguez, ordenando
que este sea inmediatamente puesto en libertad.

En el documento se evidencia y condenan las acciones violatorias de los tratados internacionales en
orden cronológico, incluyendo la violación al libre tránsito al haber impedido la PEPCA y el DNI, sin
orden judicial y de forma alarmante e ilegal, que Jean Alain Rodríguez viajara junto a su familia,
constatando la ONU que se trataba de un viaje familiar sin evidenciarse intención alguna de fuga.
También indica el documento que su arresto fue injustificado y excesivo al este haberse presentado
voluntariamente, sin nadie haberlo llamado ni citado, ni requerido, ni identificarse un solo indicio o
condiciones de fuga para proceder a un arresto.

También se resalta el no habérsele permitido un juicio justo e imparcial,

constatándose que le fue impedido defenderse en el juicio que lo envió por 18 meses a una prisión y que lo mantiene aún bajo arresto domiciliario, entre otras serias violaciones identificadas por la ONU, que manifiestan una seria preocupación de este organismo por
la falta de legalidad y violación a los derechos fundamentales del gobierno dominicano contra el ex
procurador.

En este contexto, el órgano de la ONU y la legislación dominicana definen el arresto domiciliario
como una privación de libertad y solicitan en los numerales 115 al 118 de su decisión, la liberación

inmediata del ciudadano Jean Alain Rodríguez, garantizándole el derecho efectivo a obtener una
indemnización y otros tipos de reparación.
La ONU también solicita al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente
de las circunstancias en torno a esta privación arbitraria de libertad y adopte las medidas
pertinentes contra aquellos responsables de la evidenciada violación de derechos.
Se recuerda que luego de agotar más de un año de intenso lobby diplomático, hace apenas un mes
el país asumió y anunció nuevas y adicionales responsabilidades diplomáticas a través del Canciller
y del propio Presidente de la República, informando sobre la entrada histórica del país al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, siendo este el mismo importante órgano que hoy solicita la
inmediata liberación de Jean Alain Rodríguez, por definir su prisión como arbitraria.
La ONU espera que el Gobierno de la República Dominicana, representado por el Presidente de la
República en su condición de Jefe de Estado y Gobierno, actúe de manera inmediata, responsable
y efectiva solicitando a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial la ejecución de
esta decisión para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos del ex procurador y el
cumplimiento como país de las obligaciones, acuerdos, tratados y pactos internacionales.